Participación y seguridad ciudadana: perspectivas desde la justicia transicional para la resolución de conflictos

Abstract

Diversas acepciones sobre seguridad ciudadana coinciden en que se trata de una “situación donde las personas pueden vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez que el Estado tiene las capaci- dades necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos directa- mente comprometidos frente a las mismas [...]. [E]s una condición donde las personas viven libres de la violencia practicada por actores estatales o no estatales” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2009). Desde esta perspectiva, la definición de seguridad ciudadana nos permite realizar análisis acerca de las estrategias que deben plantearse para que la ciudadanía se halle en situaciones o condiciones libres de violencia, es, por tanto, una concepción dual puesto que nos permite pensar cómo es la ciudadanía que se anhela construir. En ese sentido la seguridad ciudadana tiene un carácter prospectivo. Es evidente que sólo por medio de la resolución de conflictos serán plausibles las condiciones que permitan el ejercicio pleno de la ciu- dadanía. Pensar la ciudadanía en contextos de conflicto también significa preguntarse por las concepciones y estrategias existentes que buscan darle respuesta, es decir, cuestionarse sobre la propia concepción de conflicto y las categorías que lo abordan. En ese sentido, la conflictología refiere que debe actuarse “en las causas de los conflictos más que en su sintomatolo- gía y propone métodos de cambio como sistema de resolución de los con- flictos [...]. [E]l objetivo no se centra en establecer un sistema ideal de paz, sino en procurar, en tratar de hacer posible, de facilitar, que la paz se ins- taure por sí misma” (Vinyamata Camp, 2015, p. 17). En ese proceso la par- ticipación ciudadana es conditio sine qua non, no sólo porque la construcción de la seguridad ciudadana “está relacionada a la presencia interrelacionada de múltiples actores, condiciones y factores. Entre ellos: la historia y la es- tructura del Estado y la sociedad; las políticas y programas de los gobier- nos; [y] la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales [...]” (CIDH, 2009), puesto que la participación de la ciudadanía es también la participación de las personas quienes han sido víctimas por parte del Esta- do y por particulares. De esta manera puede establecerse correspondencia analítica entre la ciudadanía y la justicia, en particular, la justicia transicional (JT) toda vez que parte de la agenda social e institucional tienen por objeto las dimensiones que integran la JT: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Desde la propuesta que se desarrolla en el Estudio para ela- borar una propuesta de política pública en materia de Justicia Transicional en México (2018), coordinado por Sergio López Ayllón, se sugiere que la “política de JT tendría como objetivos (i) esclarecer los hechos que causaron la violen- cia e identificar a los responsables, (ii) reducir la impunidad, (iii) reparar a las víctimas por el daño sufrido y reconstruir el tejido social, así como (iv) impedir la repetición de los eventos” (p. 99). En ese sentido, la política que articule las dimensiones de la JT con “‘pretensión de justicia política’ debe tener en cuenta las condiciones lógicas, empíricas, ecológicas, económicas, sociales, etcétera, de la posibilidad real de su concreción” (Gómez Lechap- tois, 2013, p. 90), sin esa posibilidad, no hay participación y seguridad ciu- dadana viables.